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¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?

Hoy será el día D. El Gobierno de Carles Puigdemont se reúne de forma extraordinaria y, posteriormente, el presidente catalán comparecerá con el vicepresidente, Oriol Junqueras, y arropado por los 61 diputados de Junts pel Sí para anunciar la buena nueva: la fecha y la pregunta del referéndum. A las 09:30 horas de la mañana de ayer, los periodistas se animaron. Puigdemont y Junqueras comparecerían en rueda de prensa en la Sala Gótica del Palau de la Generalitat. La alegría duró poco. A las 11:00 horas, el gabinete de comunicación del president informó de que desaparecía la rueda de prensa y los periodistas nos debíamos conformar con una declaración institucional en el Pati dels Tarongers. Sin preguntas, por supuesto. Por cierto, los naranjos del Palau son bordes y su fruta es amarga. Sólo sirve para hacer mermelada, como hacía Carod Rovira, el ex dirigente de ERC, en sus tiempos de vicepresidente.

En las últimas horas, el presidente catalán ha incrementado sus contactos con su socio, Esquerra Republicana, con su aliado, la CUP, y con sus brazos movilizadores (la Asamblea Nacional Catalana, Asociación de Municipios por la Independencia y Òmnium Cultural) con el objetivo de cerrar una pregunta y una fecha. Los días que están sobre la mesa: el 1 y el 8 de octubre. Por tanto, la convocatoria se realizaría durante el mes de agosto y la campaña del referéndum empezaría justo después de los actos del 11 de septiembre. Por eso, no extraña que Jordi Turull, el presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, haya pedido a todos sus diputados que estén localizables en el mes de agosto y a no más de dos horas de distancia del Parlament de Cataluña. Toda una indicación de que los independentistas tienen la intención de aprobar la ley de desconexión en el mes de agosto de forma rápida y en una convocatoria sorpresa, porque esta ley es la que regula el referéndum y debe ser aprobada por el Parlament antes de ser convocado.

Sobre la pregunta no se esperan demasiadas sorpresas. El debate en el sector soberanista se centra en si en la pregunta figura sólo «¿quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente?» –la opción defendida por el PDeCAT– o bien se incorpora el concepto «República», preferido por Esquerra y la CUP. Así, la pregunta de consenso podría ser: «¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?» Este debate es meramente nominalista porque los partidarios de la fórmula República no parece que hagan de su opción «casus belli». Por tanto, Puigdemont asumirá toda la responsabilidad sobre el texto de la pregunta tan ansiada por el independentismo en la que seguramente incluirá los dos conceptos.

Las cautelas

Puigdemont y Junqueras sólo realizarán un anuncio. Nadie firmará nada. No habrá decreto de convocatoria ni nada parecido para evitar la acción de la Fiscalía. Todo parece indicar que el Gobierno estudiará el anuncio, pero que sólo se podrán realizar acciones legales cuando el president Puigdemont firme el decreto de convocatoria junto con su responsable de Gobernación, Meritxell Borràs. Esta es la interpretación que se hace del decreto 2/2016 en el que se regulan las competencias del Gobierno catalán y en el que se concreta que la responsabilidad –la inhabilitación– de los procesos electorales compete al president y al consejero de Gobernación.

A ningún otro miembro del Gobierno le afectaría, aunque el decreto sea firmado por todos los titulares, como pretenden el PDeCAT y Puigdemont, en un intento de inhabilitar también al líder de ERC, Oriol Junqueras, objetivo más o menos oculto de los antiguos convergentes para descabezar a los republicanos ante una posible convocatoria electoral. En todo caso, desde Barcelona, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se apresuró a lanzar una advertencia: «Si lo que Puigdemont o el Govern plantean es una actuación que no cabe en el marco constitucional, el Gobierno, en el ejercicio de nuestras obligaciones, porque es nuestra obligación garantizar que la ley se cumpla en España, deberemos actuar en consecuencia, pero como no sabemos todavía en qué consiste, no vamos a anticipar ninguna medida».

La consejera titular de Gobernación está siendo investigada por la Fiscalía por la convocatoria del concurso para hacerse con las urnas que se utilizarán en el referéndum. Esta actuación de la Fiscalía está provocando un auténtico terremoto en el funcionariado de la Generalitat. La mesa de contratación de las urnas ha sido formada exclusivamente por cargos de confianza, ya que los funcionarios se han negado a formar parte, aunque este extremo es desmentido por la Conselleria. Sin embargo, se está produciendo un movimiento, un motín como es calificada esta resistencia, entre los funcionarios que se niegan a incumplir la ley e inmolarse y exigen las órdenes por escrito, contempladas en un protocolo que han puesto en marcha las organizaciones sindicales, y no descartan denuncias ante la Policía u otros órganos judiciales si se sienten presionados. De hecho, en la reunión del Pacte Nacional por el Referéndum, UGT y CC OO exigieron a la Generalitat que preservara a los funcionarios de posibles acciones legales. También hay funcionarios con responsabilidades que se están planteando dimitir si la situación «se vuelve arriesgada».

A la movilización

Una vez anunciada a bombo y platillo la pregunta y la fecha, sin preguntas y sin hacerlo de forma legal, el separatismo se congregará el domingo en un nuevo aquelarre. Esta vez en la montaña de Monjuïch para celebrar «el gran paso adelante» dado por el presidente Puigdemont. Como gran estrella invitada estará Pep Guardiola, que leerá el manifiesto de la concentración. Ayer, ofreció una previa en los micrófonos de Catalunya Ràdio: «No vengo a pedir ni el sí a la independencia ni el no, vengo a pedir que la gente pueda votar».

No está prevista, en cambio, la asistencia a la manifestación de Germà Gordó, antigua mano derecha de Mas que ha abandonado el PDeCAT, tras el inicio de una investigación por parte del Tribunal Superior de Justicia aunque mantiene su acta de diputado, ni Teresa Pitarch, cesada como directora del Institut Català de les Dones tras abandonar el partido en solidaridad con Gordó, ni Jordi Miró Meix, que también ha roto el carnet del PDeCAT, y todavía es director general de Atención a la Familia y a la Comunidad Educativa.


Fuente: La Razón

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