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Rajoy sostiene a Montoro frente a las presiones internas que piden «gestos»

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que tumba la «amnistía fiscal» de 2012, aprobada por el Gobierno de Rajoy con su mayoría absoluta, ha provocado también un terremoto dentro de las filas populares. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, está decidido a sostener a su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, frente al «fuego» de la oposición, pero también frente a las presiones internas. Dirigentes territoriales, cargos nacionales y parlamentarios compartían ayer la misma preocupación por las consecuencias de este «gran revés» y por el desgaste añadido que implica para un Gobierno en minoría y obligado a resistir la presión creciente de la oposición con el argumento de los casos de corrupción que han afectado al PP. Aquellos que gobiernan, o que tienen intereses electorales en juego, defienden que se den explicaciones, y que se hagan «gestos» para restar fuerza al «golpe» del Constitucional. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, fue uno de los que se posicionaron a favor de esas explicaciones, que el ministro ya ha anunciado que dará en el Congreso, en un gesto dirigido a anticiparse a la previsible reprobación que el PSOE ya ha dicho que pondrá en marcha.

Pero Rajoy no tiene intención de sacrificar a su ministro, o así afirman fuentes muy próximas al presidente. Su intención es resistir, y sostener a quien acaba de facilitarle la difícil aprobación de unos Presupuestos de los que dependía la Legislatura y su continuidad en Moncloa. Montoro es para Rajoy una pieza clave de su equipo, pero, además, es «un pararrayos perfecto, focaliza todas las críticas, y lo hace con un buen talante y lealtad», aseguran en medios populares. Salvo sorpresa, tampoco se esperan gestos para corregir de alguna manera que el fallo del TC no tenga consecuencias sobre los defraudadores. El plazo de prescripción ya ha vencido, y el retraso en el fallo del Tribunal Constitucional es el que también explica que no haya margen para revisar los efectos de la amnistía fiscal, y que por eso se imponga a la fuerza el principio de la seguridad jurídica.

Entre los argumentos del Gobierno para respaldar a Montoro está la tesis de que lo que ellos bautizaron como «regularización fiscal» fue una «medida extraordinaria y a la desesperada para evitar el rescate de España». Y que el Constitucional cuestiona las formas, no el fondo, de la misma. Por ahí apuntaron el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. Mientras que el portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, admitía el «error». «No lo hicimos bien, fue una medida a la desesperada», reconoció. También explicó que es el ministro el que tiene que «determinar el alcance de esta decisión».

Méndez de Vigo, por su parte, reiteró el apoyo total del Gobierno al titular de Hacienda, en parecidos términos a los que había empleado el viernes pasado con Catalá ante la polémica por la crisis en la Fiscalía Anticorrupción y la dimisión de Manuel Moix. «Respetamos y acatamos la sentencia, pero esa medida fue eficaz para evitar el rescate de España», explicó, antes de incidir en que la sentencia del TC se refiere a que «la fórmula utilizada para aprobarla, el Real Decreto ley, no era la adecuada». «Se refiere a un vicio de forma», insistió para dar cuerpo al discurso con el que el Gobierno cierra filas alrededor de Montoro. El ministro de Hacienda tomó la palabra en la reunión del Consejo para confirmar que había pedido comparecer en el Congreso y para hacer una valoración de la sentencia, sobre la base de las mismas ideas con las que oficialmente Moncloa ha construido el argumentario en su defensa.

El apoyo llegó tan lejos que el ministro portavoz llegó incluso a defender que la «amnistía fiscal» ha sido una de las medidas que han contribuido a que España esté «a la cabeza de los países que más crecen y más empleo crean». Moncloa, por tanto, responde a la sentencia blindando a Montoro: no hubo alternativa por la urgencia de la situación; fue una medida que ha ayudado a la recuperación; y la enmienda del TC la reducen a un problema formal, pese a que el Alto Tribunal reproche al Gobierno que no veló por el principio de igualdad de todos los contribuyentes y que favoreció a los defraudadores. En el PP reconocen, sin embargo, que el fallo del TC hace que la situación «se complique y habrá que ver cómo resistimos».



Fuente: La Razón

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