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Rebelión en la Generalitat por las urnas de la mentira

Un auténtico cisma se vive estos días en La Generalitat de Cataluña por el polémico decreto de adquisición de urnas para el referéndum soberanista. La pretensión del vicepresidente del Govern, el republicano Oriol Junqueras, de firmar una orden de compra mancomunada, es decir, de todos sus miembros, se dio de bruces con la negativa de varios consejeros ante el temor de una inhabilitación. La tensión llegó cuando la titular de gobernación, Meritxell Borrás, a quien corresponde la firma del decreto, rechazó impulsar la orden sin un mandato por escrito del propio Junqueras. Ello provocó fuertes discrepancias entre el PDECat y ERC y un cruce de declaraciones en el Parlament. Según fuentes de Convergencia, el líder de Esquerra, de viaje en Nueva York, telefoneó al presidente Carles Puigdemont y le exigió la firma del gobierno catalán en bloque con el objetivo de que nadie asuma la responsabilidad total de una convocatoria ilegal. «O todos, o ninguno», le espetó en clave amenazadora de poner en peligro la celebración de la consulta. El desafío independentista alcanza ya niveles surrealistas y ha entrado en barrena. Hasta el punto de que en la última reunión del Govern, Puigdemont y Junqueras mantuvieron un debate antológico: si es más caro el metacrilato o el cartón. O sea, cuánto cuesta el material de las pretendidas urnas actuales frente al utilizado en la consulta del 9-N. «Un verdadero dislate», opinan consejeros y dirigentes críticos en privado, aunque públicamente defienden la hoja de ruta separatista. Lo cierto es que la consejera Borrás mantiene un pulso con Junqueras y se escuda en un «acuerdo marco» de su departamento sobre homologación de empresas «para elecciones al Parlament de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana». Ello hace sospechar a los partidos constitucionalistas, PSC, Ciudadanos y el PP, que esta licitación encubre el adelanto de unos comicios autonómicos. «Son las urnas de la mentira», coinciden varios de sus dirigentes. La pretensión de Puigdemont y Junqueras de licitar el proceso de compra de unas 8.000 urnas, la mayoría de metacrilato y algunas de cartón para encajar el presupuesto, ha provocado una tormenta política sin precedentes. Desde la Moncloa, el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, avisa de que no se pueden adquirir para el referéndum y, en caso de hacerlo, actuará la Fiscalía. En Cataluña, el PSC, Cs y PP afirman que la licitación de este contrato es ilegal y malgasta dinero público. Por su parte, algunas de las empresas contactadas para acudir al concurso han echado marcha atrás ante las advertencias del gobierno y sus consecuencias judiciales. En medio de este fiasco, Oriol Junqueras insistió en que el referéndum se celebrará. «Estamos conjurados», aseguró antes de su regreso a Barcelona, mientras Meritxell Borrás se escuda en ese ambiguo acuerdo marco, sin concretar su definitivo destino. La consejera mantiene que entra dentro de las competencias autonómicas, si bien elude hablar de referéndum.

Las inhabilitaciones de Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, pesan como una losa y nadie quiere asumir en solitario una decisión ilegal que paralizaría el Tribunal Constitucional. «Están de los nervios y las urnas son la última patochada» dicen dirigentes socialistas, de Cs y populares. Una huída hacia adelante en esta escalada de desafío que, en su opinión, todos saben que no va a ninguna parte. Pero el desafío sigue latente por las fuertes presiones de los radicales antisistema de la CUP, que mantienen de rehén al Govern y recuerdan el acto solemne celebrado el pasado 21 de abril en el Palau de La Generalitat que fija la fecha de celebración del referéndum, como muy tarde, la segunda quincena del mes de septiembre. «El tiempo corre muy deprisa», reconocen en el PDECat, dónde muchos dirigentes de la nueva cúpula son partidarios de un adelanto electoral. Esta tesis es compartida por los otros partidos del arco político catalán, ante la evidente ilegalidad de la consulta soberanista. El escenario electoral también se complica para Convergencia, dado que el ex presidente Artur Mas mantiene su intención de ser candidato y ha solicitado al Tribunal Supremo que revoque la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al entender que vulnera sus derechos políticos. Inhabilitado a dos años por el 9-N, su abogado defensor, Xavier Melero, sostiene que la pena deriva de sus actos como presidente de La Generalitat, pero que no debe incluir la posibilidad de ser parlamentario, ya sea estatal, autonómico o europeo. «Mas quiere volver a toda costa», admiten en el PDECat, dónde un sector vería con buenos ojos a otro candidato o candidata no salpicados por la corrupción. El letrado solicita al Supremo la revocación de la sentencia del TSJC y reclama sus derechos básicos ciudadanos en condiciones de libertad, igualdad y seguridad. El Alto Tribunal ya desechó el recuso de Francesc Homs y le condenó en firme a un año y tres meses de inhabilitación, lo que provocó su renuncia como diputado en el Congreso. El bloque soberanista vivirá esta semana otra prueba judicial y escenificará una nueva «romería» para acompañar a las puertas de los juzgados a los miembros de la Mesa del Parlament investigados por votar la celebración del referéndum independentista. Entre ellos, su presidenta Carme Forcadell, junto a Josep Luis Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet. El presidente Puigdemont ya ha anunciado que encabezará una comitiva de autoridades para acompañar a Forcadell hasta el TSJC, al igual que hizo en su día cuando declaró Artur Mas. «Ni las amenazas e intimidaciones nos harán retroceder un milímetro», asegura Forcadell, quien basa su defensa en la libertad de expresión, el derecho a participar en política y la separación de poderes. Una vez más, el victimismo de los secesionistas y el paseíllo callejero están servidos. Por su parte, círculos empresariales catalanes consideran «un sonoro ridículo» licitar un contrato para la compra de urnas, dirigidas a un hipotético referéndum ilegal. Desde el Círculo de Economía, que preside Juan José Bruguera, y Foment del Trabajo, con Joaquín Gay de Montellá, recuerdan el pragmatismo de los nacionalistas vacos al suscribir con el gobierno un magnífico acuerdo sobre el Cupo. «El PNV es realista y nosotros estamos en las nubes», aseguran miembros de estos influyentes foros económicos. Para los empresarios, lo importantes es dialogar y sacar a Cataluña de la asfixia y ausencia inversora actual. Pero la respuesta de los soberanistas no se hizo esperar.

Carles Puigdemont, durante la entrega de las Cruces de Sant Jordi, insistió en la consulta, y Oriol Junqueras atacó el Cupo vasco: «Para Cataluña el único buen acuerdo es la independencia», zanjó a su llegada a Barcelona procedente de Nueva York. Prosigue el choque de trenes.



Fuente: La Razón

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