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Reflexiones sobre la subida del salario mínimo

El salario mínimo interprofesional (SMI), determinado anualmente por el Gobierno, es la cuantía mínima de salario base en cualquier relación laboral a tiempo completo. La negociación colectiva determina los salarios base, en su ámbito sectorial o empresarial, pero siempre respetando esta cuantía mínima interprofesional, que también vincula a los contratos de trabajo.

El Gobierno ha optado en 2017 por una significativa subida del 8% del SMI, de tal forma que de 655,20 euros/mes se pasa ahora a 707,70 euros/mes (Decreto 742/2016); esta cuantía mensual es en 14 pagas, resultando 9.907,80 euros anuales. Esta cuantía mínima es exclusivamente de salario base y suma además las posibles rentas en especie, complementos salariales y percepciones extrasalariales que rodean un contrato de trabajo.

Esta importante subida del SMI no conlleva automáticamente aumentos de los salarios pactados en negociación colectiva o contrato individual. Solo afecta, por tanto, al reducido colectivo de trabajadores a tiempo completo que tienen de salario base convencional o contractual una cuantía inferior, siendo transformada su nómina en los actuales 707,70 euros en 14 pagas. El Decreto 742/2016 se encarga de amortiguar aún más este limitado impacto porque obliga, salvo pacto en contra, a aplicar la cuantía de 2016 cuando el convenio colectivo tome como referencia el SMI en el cálculo de salario base o complementos salariales, siempre que en cómputo anual se alcance la cuantía de 2017. Por tanto, la subida de SMI es un mensaje a la negociación colectiva, que puede abrir pactos al alza salariales, pero sin que ello sea inevitable ni mucho menos con la referencia del 8%. Habrá que observar el comportamiento de la negociación colectiva durante 2017 ante esta medida.

La subida del SMI tiene, en fin, consecuencias muy limitadas. Pero el auténtico problema del SMI, y de sus posibles subidas, es que no tiene efectos en los denominados trabajadores pobres, que por la temporalidad de sus contratos o por trabajar por horas, o sencillamente por estar instalados en la economía irregular, tienen rentas anuales significativamente más reducidas que esta cuantía mínima, pensada para un trabajador a tiempo completo que trabaja todo el año. La herramienta política del SMI favorece a la tipología del trabajador a tiempo completo estable pero no alcanza a quien está en peor situación y sin apenas protección jurídica. Además, esta política tampoco incluye a los autónomos y profesionales liberales, a veces sujetos a tarifas de bajo coste, en un tiempo donde no deja de crecer esta forma de trabajar por cuenta propia.

Por ello, es necesario reconstruir la política salarial con nuevas herramientas que se adapten a la realidad social del actual mercado de trabajo. El debate se debería centrar en, al menos, tres opciones. La primera, establecer un SMI concreto por hora de trabajo, como han realizado Reino Unido y Alemania. La cuantía mínima por hora en cualquier trabajo sí que da respuestas al trabajador a tiempo parcial y atiende a las situaciones más necesitadas. El salario/hora debería estar desconectado del salario/mes, siendo incluso viable su presencia sin un SMI a tiempo completo, pues pertenece a la negociación colectiva pactar estos salarios base profesionales. En el salario/hora se podrían incluir, incluso, algunos trabajos por cuenta propia.

La segunda, el complemento salarial pagado por el Estado al colectivo de personas que trabajan sin alcanzar anualmente el SMI o una cuantía fijada legalmente, como defiende Ciudadanos y se ha puesto en práctica ya con éxito en algunos países. Esta medida sí que atiende al trabajador pobre pues, a través de la declaración fiscal de su renta anual, recibe del Estado un complemento que dignifica su situación económica. La medida incentiva el trabajo y coopera a emerger economía irregular.

La tercera, la renta mínima universal, como defiende Podemos y va a experimentar Finlandia. Esta opción, de difícil financiación, asegura un punto de partida económico sobre el que suman los salarios pactados. La medida tiene riesgos de desincentivo del trabajo pero atiende la necesidad y también ayuda a aflorar economía irregular. Proponer subidas del SMI a tiempo completo pertenece al pasado. Abrir debates sobre estas nuevas herramientas salariales abre el futuro. Veremos dónde se instalan los partidos políticos y agentes sociales.

Jesús Lahera Forteza es profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense y consultor de Abdón Pedrajas & Molero.

Fuente: Cinco días

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