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Reforzar las pensiones con el ahorro privado

La recuperación de la Comisión del Pacto de Toledo como marco para consensuar una reforma del sistema de pensiones que garantice su sostenibilidad es una prueba palpable –dadas las dificultades que ha vivido el diálogo político en España en los últimos tiempos– de la urgencia de resolver un problema que tiene todas las características de una bomba de tiempo. Si el Fondo de reserva de la Seguridad Social disponía a finales de 2011 de unos 67.000 millones de euros, los últimos datos de este mes de diciembre revelan que solo quedan unos 15.915 millones, el equivalente a un 1,48% del PIB. Los cálculos apuntan a que en enero de 2018 el sistema no dispondrá ya de ahorro y generará un déficit no financiable con sus propias reservas de unos 17.000 millones de euros. Aunque es cierto que la reformas de 2011 y 2013 han mejorado la sostenibilidad de la caja de las pensiones, también lo es que no la han resuelto.

Sin duda la solución más ventajosa para resolver el problema de las pensiones sería la creación masiva de empleo, y bien remunerado, pero dada la maltrecha situación de las finanzas del sistema y el lento ritmo de crecimiento del mercado laboral es difícil que esa sola medicina permita cuadrar las cuentas. El rápido envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, combinados con una tasa de natalidad que figura entre las más bajas del mundo, supone que la pensión pública apenas pueda costear el 20% de una vida media. Todo ello hace necesario abordar cuanto antes la reforma que permita a la Seguridad Social financiarse adecuadamente, pero también asumir que la cobertura de esta necesitará complementarse con el ahorro privado. Los datos oficiales revelan que en España hay actualmente unos diez millones de planes privados y ocho millones de partícipes. El reto es doble: fortalecer el sistema público e incentivar el ahorro privado.

Durante la última legislatura, el Gobierno ha aprobado diferentes cambios en la regulación de estos productos de ahorro con el objetivo de aumentar el número de partícipes. La nueva normativa es considerablemente más flexible, dado que permite el uso de los fondos y planes de pensiones en caso de embargo de vivienda habitual, mejora la gestión, aumenta la transparencia y rebaja las comisiones.

Pese a ello, el gran reto que afronta esta modalidad de ahorro para despegar es su implantación como una parte del salario en las empresas. Aunque desde el Ejecutivo se recuerda que el patrimonio acumulado a través de los planes colectivos de pensiones en el tejido empresarial –los denominados planes de empleo– asciende ya a 35.000 millones de euros, un tercio de lo acumulado en planes de pensiones, hay todavía mucho margen para crecer, especialmente en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.

Sean cuales sean las fórmulas elegidas para resolver el problema, la conclusión es clara: el futuro de las pensiones en España exige reforzar las vías de financiación del sistema público, pero también complementar ese modelo con el ahorro privado. En un contexto como ese, propuestas como la realizada por Unidos Podemos para eliminar los estímulos fiscales a los planes privados se acercan más a la demagogia que a una alternativa creíble. Cualquiera de las cuatro fórmulas que la Comisión del Pacto de Toledo ha puesto sobre la mesa –financiar las pensiones de viudedad y orfandad con cargo a impuestos; transformar las reducciones de cotizaciones en bonificaciones; mejorar la lucha contra el fraude y elevar las cotizaciones de los autónomos– constituye un parche más o menos firme, pero no una solución sostenible a largo plazo.

La hoja de ruta para abordar con seriedad ese reto tiene que incluir una información rigurosa a la ciudadanía sobre las dificultades de financiación de la caja de las pensiones, así como mejorar los incentivos para invertir en planes privados. La perspectiva de un retiro seguro al final de la vida laboral es uno de los pilares que alimentan la confianza en un país. Se trata de un intangible que es fundamental proteger y cuyo agrietamiento puede pasar una seria factura.

Fuente: Cinco días

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