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Sábado Santo Rojo: 40 años de la legalización del PCE

Hace 40 años, el sábado 9 de abril de 1977, meses antes de las primeras elecciones democráticas, el Partido Comunista de España fue inscrito al mediodía en el entonces Registro de Asociaciones Políticas tras cerca de 40 años de prohibición y demonización. En todas las redacciones sonaron las campanillas de los teletipos de «Europa Press» alertando un «flash-flash-flash» con la primicia. El buen comunicador de RNE, Alejo García, arrancó el jirón del télex subiendo a la carrera las escaleras del estudio «on air», interrumpiendo la emisión y dando la noticia entre balbuceos, teniéndola que repetir dos veces. Aunque España era un caldero de rumores, la salida de la clandestinidad del «partido» por antonomasia sorprendió a todos e indignó a sectores franquistas aún con notables parcelas de poder. Sábado Santo rojo fue una acuñación popular más que periodística. Muchos habían iniciado las vacaciones de Semana Santa, el Rey estaba en Baqueira; varios ministros, fuera de Madrid; el ministro de la Presidencia, teniente general Gutiérrez Mellado, de visita oficial en Canarias, que suspendió alegando mal tiempo; parte del Comité Central del PCE, también fuera, y Santiago Carrillo, en Cannes. Rodolfo Martín Villa, a la sazón ministro de la Gobernación, recibió de Adolfo Suárez la orden de legalización inmediata y en las prisas la envió al Registro sin firmar. Años después, el ministro del Interior socialista, José Barrionuevo, le invitó a firmar definitivamente el documento con la fecha atrasada.

Todo había comenzado tres años antes y en vida de Franco, cuando el Príncipe Juan Carlos de Borbón envió un emisario personal a Rumanía: Nicolás Franco y Pasqual de Pobill, el sobrino del Caudillo, gran cazador, cobrador de grandes trofeos en su aspiración a la Presidencia de la Federación Internacional de Caza del que nadie extrañaría fuera a Rumanía a cazar osos. Él contaría que recorriendo Afganistán en busca de piezas trabó saludos en español e inglés con un hombre alto, anguloso y barbudo que tras el 11-S identificó como Osama Bin Laden. Ceaucescu era protector de Carrillo y desde Bucarest emitía diatribas en «Radio España Independiente», «La Pirenaica», y el sátrapa, ante tan singular correo, le puso en contacto con el indiscutido jefe del comunismo español vacacionando en el Mar Negro. Pasqual de Pobill indagó a Carrillo sobre sus intenciones respecto a la Monarquía. Carrillo se mantuvo esquivo; Juan Carlos era para el PCE «el breve» y desconocían los planes de ruta del futuro Rey. Ya en el trono, envió a París a su amigo Manuel de Prado y Colón de Carvajal, con los mismos resultados nebulosos. Muerto Franco, el PCE abrió sede en la madrileña calle de Peligros, objeto de todas las bromas, bajo la tapadera de «CEISA» (sociedad de investigaciones sociales), con la policía mirando hacia otra parte. En febrero de 1976, Carrillo cruzó la frontera con el millonario Teodulfo Lagunero y en diciembre fue detenido en la calle con una peluca estrafalaria pasando una noche en la Dirección General de Seguridad y una semana en Carabanchel, siendo liberado en una especie de limbo administrativo. Se empieza tejer una complicadísima tela en la que fue intermediario principal el abogado José Mario Armero, presidente de «Europa Press». En su finca de Pozuelo de Alarcón se reunieron en secreto Suárez y Carrillo entre las cuatro de la tarde y la medianoche en una tenida de humo, cigarrillos negros y ceniceros. Coches y escoltas emboscados en los jardines y sin servicio. Suárez pidió a Armero que asistiera a la conversación como testigo y anfitrión del encuentro entre quien fuera gobernador civil y secretario general del Movimiento y la bestia negra del franquismo, a quien se responsabilizaba de las sacas de presos a Paracuellos. El Rey conocía y autorizaba estos movimientos y Suárez apostaba más que Carrillo: el Rey, las primeras elecciones democráticas, la Constitución en ciernes, la inquina del franquismo sociológico y el golpe militar cuatro años después. Para Carrillo todo eran ganancias y aceptó las exigencias: la Institución monárquica, la bandera, control y moderación de su militancia, ausencia de España el día de la legalización y un comunicado que no fuera laudatorio para Suárez. Lagunero se lo llevó a Cannes y rió al leer la solicitada reacción de Carrillo en la que no daba precisamente las gracias. Aquellos comunistas cumplieron como tras la matanza de Atocha y Carrillo, ya en España, presentó su Comité Central entre banderas de la hoz y el martillo y la nacional, ordenando que en todo acto estuviera la rojigualda. Fraga tachó la legalización de golpe de Estado y engendro, pero después presentó a Carrillo en sociedad. El ministro de Marina, Pita da Veiga, dimitió. El 18 de julio de 1936 comandaba el guardacostas «Garciolo» en el que embarcó a doña Carmen Polo y su hija llevándolas al navío alemán «Waldi» y recordaría que en aquella fecha la marinería comunista había arrojado por la borda a la oficialidad de la flota republicana. La Armada cerró filas y todo el almirantazgo se negó a suceder a Pita, teniendo Suárez que recurrir al almirante retirado Pascual Perry.

Aquellos días prosperó una generosidad y sentido común hoy ignorados y hasta despreciados por ultraizquierdistas de salón. Se hizo política de verdad. El PSOE estaba dispuesto a una primeras elecciones sin comunistas, aunque temían se presentaran con una marca blanca y a Suárez le interesaba un PCE que restara votos a los socialistas. Todos, desde el Rey a Felipe, tuvieron que resistir la presión del embajador estadounidense Wells Stabler y la Estación española de la CIA, inquieta ante un PCE sumando al PCF y al PCI. Las elecciones evidenciaron que el fervor anticomunista del antiguo régimen había inflado al PCE, que obtuvo el 6,3% del voto, más el 8,3 del PSUC en Cataluña. No pasó nada. Un «graffiti» rezaba: «Muerte al cerdo de Carrillo». Alguien escribió debajo: «¡Cuidado Carrillo, te quieren matar el cerdo!».



Fuente: La Razón

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