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Seis claves de la reunión entre Rajoy y los agentes sociales

Tal y como se había comprometido el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, hoy se produjo la primera reunión a tres bandas con patronal y sindicatos para tratar de relanzar el diálogo social. El encuentro transcurrió en un ambiente de cordialidad y sintonía en lo fundamental: buena disposición de todas las partes a iniciar una negociación sobre los asuntos que más preocupan a la ciudadanía. Pero, pese a ese clima de aparente entendimiento, cada una de las partes fijó sus líneas rojas.

El presidente Mariano Rajoy estableció como límites el Presupuesto, que deberá cumplir con los compromisos suscritos con Bruselas, y no echar por tierra las reformas que han funcionado. La patronal advirtió que las medidas que se pacten no pueden comprometer la recuperación y la competitividad de las empresas.

Y, por su parte, los sindicatos apelaron a la necesidad de que los trabajadores ganen poder de compra y los beneficios de la mejora económica comiencen a llegar de manera inequívoca a toda la sociedad. Fue, como en cualquier proceso negociador que se precie, la primera toma de contacto donde lo habitual es fijar la agenda, los temas a tratar y las posturas maximalistas de las que parten unos y otros.

Proceso de diálogo

Sin embargo, llama la atención que el primer día la reunión acabara con la emisión de un comunicado conjunto de todas las partes, algo reservado en exclusiva a los grandes asuntos de Estado o, a lo sumo, a las ocasiones en las que se quiere informar del acuerdo alcanzado, pero no a la mera intención de intentar el consenso como fue el caso de hoy.

En dicho comunicado, Gobierno e interlocutores sociales consideraron que puesto que ya existe un Gabinete con plenos poderes que puede legislar, “es necesario adoptar medidas urgentes en el marco del diálogo social para la mejora de la calidad en el empleo, facilitar la activación de los parados de larga duración, la mejora en la implementación de la Garantía Juvenil Europea, y el establecimiento de una estrategia para la fijación del salario mínimo interprofesional (SMI), entre otras, que serán objeto de trabajo y análisis en el marco del diálogo social”.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció que los trabajos de las distintas comisiones que se van a organizar para abordar de manera específica cada uno de los temas comenzarán de inmediato, ya que la aprobación, entre otros asuntos, del nuevo SMI urge para que pueda estar lista a comienzos de 2017.

Materias a pactar

De esta manera, ese gran pacto de rentas y empleo que busca suscribir el Ejecutivo no es otra cosa que un acuerdo poliédrico, puesto que contiene diversos consensos que, dependiendo del asunto, deberá ser bipartito, a tres bandas e incluso muchos más plural si se amplía al espectro político.

En materia de SMI, por ejemplo, el Gobierno, consciente de su debilidad parlamentaria y después de la proposición de ley aprobada esta semana en la que se insta a elevar de forma sustancial el salario mínimo, ha decidido cambiar de actitud. Frente a lo que venía siendo costumbre de remitir a patronal y sindicatos una propuesta para incrementar el SMI poco antes de su aprobación, Báñez invitó ayer a los agentes sociales a que remitan al ministerio sus propuestas la próxima semana. Con éstas y teniendo en cuenta la evolución esperada de los precios, la productividad y la coyuntura general de la economía, el Gobierno se comprometió a elaborar su propuesta y a tratar de llegar a un consenso con patronal y sindicatos antes de la aprobación definitiva.

En el caso de los salarios de los funcionarios, el pacto deberá alcanzarse en el seno de la Mesa de la Función Pública, entre Gobierno y sindicatos del sector público, una negociación que Rajoy también se comprometió a impulsar a la mayor brevedad. Mejora de la calidad en el empleo y pensiones son las otras dos grandes áreas que ayer todos establecieron como prioritarias y en las que, de nuevo, el acuerdo a tres bandas se antoja imprescindible.

Reforma laboral

La derogación de la reforma laboral se presenta, a priori, como uno de los grandes escollos que habrá que salvar si se quiere obtener la foto final de la rúbrica de dicho gran acuerdo.

Los sindicatos insistieron en que ha llegado el momento de revisar las reformas emprendidas, analizar lo que no funciona y cambiarlo. Si el Ejecutivo se resiste, no dudaron en amagar con la táctica de la movilización, aunque ayer no tocaba mostrar, nada más iniciarse el diálogo, una imagen de confrontación irreconciliable. El Gobierno respondió, en primera instancia, un no rotundo a esos cambios alegando a que no se puede echar por tierra la recuperación. Sin embargo, en su comparecencia ante los medios la ministra Báñez admitió que el Ejecutivo verá con buenos ojos todos aquellos retoques que hayan pactado previamente patronal y sindicatos.

El presidente de CEOE, Juan Rosell, se mostró conciliador al asegurar que aunque la reforma laboral ha evitado muchos despidos y cierres de empresas, en el texto actualmente en vigor hay aspectos sin duda “mejorables”. De nuevo, el objetivo común está claro: “bajar la tasa de paro de dos dígitos cuanto antes”. Así, los retoques de la reforma laboral pueden constituir los primeros pasos para mejorar la calidad en el empleo, pero además, prevén hablar de cómo impulsar el marco de las relaciones laborales o fortalecer la negociación colectiva. En esta línea, esperan no desaprovechar la oportunidad de abordar la polémica de la racionalización de los horarios y cómo avanzar en promover y conseguir mayores niveles de conciliación.

Salarios

Además de un pacto para consensuar el incremento del SMI, tal y como se esperaba ayer se habló y mucho de salarios. Aunque en el ámbito privado es obvio que el Gobierno nada tiene que decir al acuerdo que en paralelo negocian ya patronal y sindicatos para renovar el pacto salarial de cara a 2017, lo cierto es que tanto Pepe Álvarez (UGT), como Ignacio Fernández Toxo (CC OO) insistieron al presidente que las medidas que se pongan en marcha durante esta legislatura han de tener como objetivo consolidar la recuperación para favorecer las oportunidades y reducir la desigualdad.

De hecho, Báñez reconoció que en el Ejecutivo creen que dada la situación de las empresas hoy es posible aumentar los salarios y hacer cada día más competitivas a las compañías, sin olvidar “que sigue siendo necesario crear al menos 500.000 puestos de trabajo al año”. Por ello, se mostró segura de que “los sindicatos y las organizaciones empresariales estarán a la altura de su responsabilidad”. Sin embargo, las posiciones en este asunto, en apariencia, aún se mantienen lejanas. Mientras CC OO y UGT proponen que los sueldos en la empresa privada se incrementen el próximo año entre un 1,8% y un 3% para propiciar que los trabajadores comiencen a recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante los peores años de la crisis; en CEOE-Cepyme admiten que su propuesta se sitúa en el entorno del 1,5% porque “aguas abajo, hay que ver lo que está pasando en la negociación subsectorial de las empresas”.

En este contexto, Rosell y Garamendi recordaron que a pesar de que el acuerdo de salarios recomendó alzas de sueldos para 2015 de hasta el 1%, la realidad demostró que las empresas suscribieron después de promedio subidas del 0,7%. Y para este ejercicio, frente a una recomendación de mejoras retributivas de hasta un 1,5%, los últimos datos oficiales sobre salarios pactados en convenio establecen revalorizaciones que apenas están sobrepasando el 1%.

Paro de larga duración

Dentro del objetivo de reducir la desigualdad, que como en el caso de la lucha contra el paro todo fueron parabienes y buenos propósitos, Gobierno e interlocutores sociales se fijaron como objetivo aumentar y mejorar la protección al desempleo, con especial atención a los parados de larga duración, así como impulsar las políticas activas de empleo. Asimismo, todos estuvieron de acuerdo en que es imprescindible seguir avanzando para perfeccionar el funcionamiento de la Garantía Juvenil Europea en España, así como poner en marcha otras medidas que sean capaces de reducir el todavía abultado desempleo de los jóvenes.

Pensiones

Al Gobierno le gusta decir que la mejor política para garantizar la sostenibilidad de las pensiones es la creación de empleo, de ahí que no sea casual que dentro del diálogo social que ahora trata de impulsarse se haya dejado para el último punto a abordar (aunque no por ello menos importante) el consenso para el “fortalecimiento del sistema público de pensiones”. En este asunto, los agentes sociales reconocieron que la negociación deberá esperar a conocer las recomendaciones que hará la Comisión del Pacto de Toledo por donde de aquí a primavera está previsto que comparezcan tanto distintos altos cargos del Ejecutivo, como miembros de las organizaciones patronales, sindicales, asociaciones de autónomos y demás agentes económicos y sociales.

En este caso el acuerdo deberá ampliarse al espectro político, ya que una reforma integral como la que se pretende emprender necesitará contar con el máximo respaldo parlamentario posible. Para el año que viene y, a la espera de confirmación, estas prestaciones no está previsto que aumenten más del 0,25%. Si Rajoy logra que sindicatos y patronal pacten retoques a la reforma laboral, se pongan de acuerdo en materia salarial y sean capaces de articular medidas para la mejora de la calidad del empleo, el consenso en pensiones puede ser el espaldarazo definitivo que consiga por la vía económica lo que va a tener harto difícil en el plano político.

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