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Trapero llega a la Audiencia Nacional para declarar por un delito de sedición

El jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, ha llegado a la Audiencia Nacional a las 8:30 horas para declarar como investigado por un delito de sedición en relación al asedio a la Guardia Civil en una operación contra los preparativos del 1-O en la Consejería de Economía de la Generalitat el pasado 20 de septiembre.

Trapero llegaba media hora antes de su cita vestido de uniforme y acompañado de dos mossos también uniformados. Ha sido el primero de los cuatro en llegar al tribunal para declarar ante la juez. Poco después llegaban los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Quien finalmente no vendrá es la intendente de los Mossos Teresa Planas citada también hoy para declarar como investigada por sedición por el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre. Planas ha acreditado que padece un problema de salud que le impide desplazarse, por lo que declarará por videoconferencia y es la primera en comparecer ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga estos hechos.

Seguro de sí mismo, altivo, sin titubeos y con una profunda división dentro del Cuerpo que dirige. Así acude hoy Josep Lluís Trapero Álvarez, Mayor de los Mossos de Esquadra, a declarar ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por un presunto delito de sedición. Uno de los más graves que pueden acusar a un policía, pero que no hacen mella en el carácter rocoso de un hombre retador, claramente díscolo en este conflicto.

Trapero ha diseñado su estrategia de defensa jurídica minuciosamente junto a la a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, también citada en el tribunal. Según fuentes de su equipo de letrados, explicará con todo detalle el operativo del pasado 20 de septiembre ante la Consejería de Economía, objeto de la investigación, rebatirá el atestado de la Guardia Civil, y defenderá que su actuación fue en todo momento de «disciplinada corrección».

Pero la declaración del Mayor Trapero, sin precedentes en la historia de la Policía autonómica, se produce en medio de una brecha enorme. Por un lado, Trapero ha seguido al pie de la letra las consignas de la Generalitat de Cataluña y, en concreto, de su consejero de Interior, Joaquín Forn, para exhibir la cara de una policía «simpática y amable», frente a la represión de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Algo que choca frontalmente con la posición de otros agentes del Cuerpo que califican de «traición desleal» su actuación en esos días. El ambiente está muy caldeado, y en numerosas comisarías y foros la indignación es visible. «Hemos sido claramente una policía política», aseguran varios agentes al relatar la orden de no acudir a las llamadas de auxilio de Policía Nacional y Guardia Civil. Al contrario, en el entorno de Trapero niegan tales acusaciones y lo atribuyen a «filtraciones interesadas».

Ante un delito penado como mínimo con quince años de prisión, José Luis Trapero no se arrepiente de nada. La defensa del Mayor ha elaborado un largo informe para entregar a la magistrada Lamela y manifiesta su sorpresa por haber sido citado en calidad de investigado y no de testigo. El objeto del documento se basa en que los Mossos conocieron muy tarde la operación de la Guardia Civil en la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre, lo que les impidió acometer un dispositivo de seguridad que provocó hasta la salida por la azotea del edificio de la propia secretaria judicial, según el informe, por propia voluntad. Insistirá, dentro de esa estrategia de acatar órdenes, en que informó puntualmente al fiscal general de Cataluña y al presidente del TSJC de lo que estaba sucediendo. Por el contrario, varios mandos intermedios del Cuerpo le acusan de «mirar para otro lado» en todo el conflicto.

Los recelos y tensión dentro de los Mossos no han parado de crecer, máxime tras el relevo del anterior consejero de Interior, Jordi Jané, considerado como «colaboracionista» con España, por el fervoroso separatista Joaquín Forn, y el director general del Cuerpo, Pere Soler i Compins. Las primeras reuniones en la Fiscalía de Cataluña, a las que Trapero no acudió y delegó en su número tres, evidenciaron las fisuras. «Es un soberbio soberanista», dicen sus detractores. «Es un profesional serio que desmontará los ataques», contraponen sus leales. Lo cierto es que José Luis Trapero llega hoy a la Audiencia Nacional en medio de un auténtico cisma en el seno de la Policía autonómica. Su conducta le puede suponer un grave delito de desobediencia, pero Trapero ha permanecido atrincherado en su despacho en permanente contacto con su equipo de abogados y sus dos superiores directos: el director general de la Policía Autonómica, Pere Soler Comins, un abogado avergonzado de España, y el consejero catalán de Interior, Joaquín Form, ferviente separatista que confiesa hablar mejor en francés que castellano.

Su desafío a las reuniones en la Fiscalía antes del 1-0, y la actuación de los Mossos en estos días provoca gran recelo en sectores judiciales y políticos. «Se engañó y tendió una trampa a la Policía y Guardia Civil», afirman muchos agentes críticos. La falta de confianza, por estar bajo «una guía política», persigue a este Cuerpo, algunos de sus miembros abochornados. Su Mayor, sin embargo, llega a la Audiencia Nacional con una información bajo el brazo de «estricto cumplimiento de órdenes superiores». Deberá detallar de quién, cómo y cuándo.



Fuente: La Razón

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